Una estación fotográfica en Ambato es la mina de oro de las multas

Un solo radar fotográfico multó a más de ocho dispositivos que han estado en funcionamiento desde 2015, en Ambato.

El equipo ubicado en el Avenida Bolivariana, una carretera periférica, la más rápida y empinada, genera cuestiones en tres áreas: legal, ante la Contraloría y técnicamente.

En materia judicial, el Municipio de Ambato y la empresa Vigilancia de la seguridad Seguridad Vial SA Han estado en disputa desde el pasado mes de junio. Esta firma tiene la concesión hasta el 2025 para controlar la velocidad de la carretera de esta ciudad a través de nueve dispositivos electrónicos.

Solo el noveno radar, el de la Bolivariana, ha sancionado a 362.000 conductores, lo que representa el 60% del parque automotor del cantón. Por los ocho radares restantes, La seguridad ha aumentado $ 53.1 millón en los cinco años y medio de funcionamiento. Pero el noveno se acumula fotomultos por $ 60 millones entre enero de 2020 y julio de 2021. Según la Alcaldía de Ambato, estas multas no deben ser cobradas porque la vía donde se ubica el equipo no pertenece a la jurisdicción cantonal, sino al Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

El 20 23 2020, un mes después de la colocación del radar, el Alcalde Javier Altamirano Informó a Seguridad que no podía autorizar la operación porque la vía es de propiedad estatal.

Ante esto, la firma interpuso una acción de amparo en Quevedo. Sostiene que el gobierno cantonal ha violado sus derechos constitucionales al trabajo, la seguridad jurídica y el debido proceso. Su principal argumento es que en septiembre de 2019, El propio alcalde Altamirano autorizó el funcionamiento del radar mediante oficio DTTM-19-2391. Aunque semanas después rectificó el error y suspendió la notificación de las multas.

El 17 de agosto, un juez de Quevedo aceptó la acción cautelar y ordenó a la empresa cobrar las multas acumuladas desde enero de 2020.

La Alcaldía apeló el fallo. Pero la semana pasada, se formaron largas filas fuera del Consejo Judicial de Ambato para impugnar las multas, que oscilan entre $ 120 y $ 400.

En el Contralor, el contrato con Safety ha sido cuestionado en la auditoría DA-17-005. El informe indica que la concesión fue otorgada sin que esta empresa cumpliera con los requisitos necesarios y en detrimento de la ciudad. Porque la firma se quedó con el 59% de los ingresos por multas, mientras que la Municipalidad se quedó con el 41%.

Además, los auditores indican que el anterior alcalde, Fernando Callejas, no justificó técnica la necesidad de entregar control de vehículos a manos de terceros.

“No puedes colocar un radar donde quieras”

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Hemos cumplido íntegramente con todas las obligaciones del contrato.


Safety Enforcement SA,
empresa encargada de los radares

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