Un acuerdo nacional anticorrupción

Siempre he sostenido que el primer paso para curar una enfermedad es aceptar que existe.

Frente a la evidencia diaria no podemos mirar para otro lado. Avanza una gran crisis económica con una crisis ética creciente, atravesada por la pandemia del coronavirus, que es la única que se está combatiendo con éxito.

La crisis económica ha comenzado a afrontarlo. No existen grandes alternativas de medidas salvo la austeridad en el gasto público, el control de su calidad y crear un clima que genere confianza en el capital nacional para invertir creando empleo; e incentivos para los mismos fines que puedan provenir del exterior.

En cuanto a la crisis ética, hay un código de conducta pero no es suficiente. Parece que el gobierno y la ciudadanía no tienen una noción clara de su magnitud.

La corrupción no terminó cuando Correa huyó y su gobierno terminó. Su atraso y otras nuevas manifestaciones fueron claramente visibles durante el gobierno de Moreno.

¿Cómo no iban a ocurrir si las autoridades de control eran las mismas y estaban podridas?

Los cuatro años pasaron volando de escándalo en escándalo, y surgió la esperanza de que el cambio de gobierno acabaría con la corrupción. El hecho es que no. Los hospitales continúan siendo negociados como moneda de cambio a los efectos de la acción política. Los legisladores, que desobedecen la ley con certeza de impunidad, continúan aprovechando los cargos públicos. O brillos que se desvanecen. Tenemos un buen número de autoridades seccionales encadenadas y otras deberían merecerlas. Las cárceles son la prueba viviente de cómo la corrupción permite que aparezcan armas de gran calibre en cada registro. Está claro que se siguen vendiendo oficinas públicas y no sigo sin estar deprimido con el inventario.

Lo cierto es que cuando estamos cumpliendo los cien días del Poder Legislativo y el Ejecutivo se acerca a los cien, la corrupción sigue viva.

Tengo claro que luchar contra él es asunto de todos. Aunque solo sea por su valor simbólico, se debe firmar un acuerdo nacional anticorrupción con una amplia participación ciudadana.

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