Trece asambleístas recaudan más de 34 millones de dólares en glosas de la Contraloría

Brillos y más brillos. EXPRESO, en su edición de ayer, reveló datos sobre denuncias con indicios de responsabilidad penal que, según información oficial de la Contraloría General del Estado, cuentan con ocho legisladores en funciones, entre ellos la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ahora, según la misma información, este periódico recopila glosas confirmadas que han sido causados ​​por trece asambleístas que suman un valor total confirmado de $ 34.762.566,74.

Acusaciones penales de la Contraloría punto ocho asambleístas

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De ese millonario monto, en el asambleísta de las filas de la alianza correista Unión por la Esperanza (UNES), Pabel Muñoz, entre otras, hay dos glosas para $ 34,089,724.1 en total, uno para un examen especial del arrendamiento de aeronaves y su uso, y el otro para un examen especial del proceso de arrendamiento de la aeronave Airbus A330, certificación de la aeronave y su tripulación. Muñoz, como Secretario de Planificación y Desarrollo, fue miembro de la Junta de Tame, órgano colegiado en el que la Contraloría concluyó que autorizó el arrendamiento de la aeronave “sin haber establecido previamente políticas de negocio y comerciales, para operar la aeronave arrendada”. en rutas internacionales “.

Otra cifra considerable es la glosa sobre el también legislador de UNES, Lenin Lara. Como alcalde de Esmeraldas, según la Contraloría, no controló que su entonces director administrativo emite el informe del segundo trimestre de 2014 al Servicio de Contratación Pública, que incluye todas las contrataciones realizadas por un pequeño monto durante el mes de junio. del mismo año. , lo que “provocó que la información pública sobre la contratación no fuera cumplida y transparente”.

El legislador de Pachakutik, Salvador Quishpe, es la que registra más auditorías que han dado como resultado glosas con un total de cinco. Le sigue su pareja del Partido Social Cristiano (PSC), Carlos Falquez, con tres; Muñoz junto a la presidenta Guadalupe Llori y legisladores Francisco León y Lenin Mera recopilan dos procesos cada uno. El resto tiene uno cada uno.

Sobre Llori, cuando era prefecta de Orellana, la Contraloría concluyó, entre otros puntos, que tanto ella como el viceprefecto, el director y el coordinador de Obras Públicas “incumplieron con la Ley de Codificación de la Gestión Ambiental, al autorizar el inicio de los procesos de contratación de ocho puentes vehiculares, sin contar con la aprobación previa de los expedientes ambientales y los planes de manejo ambiental, lo que no permitió salvaguardar la conservación, protección y gestión ambiental durante la ejecución de los proyectos ”.

La Asamblea Nacional, a través de un comunicado público, que surge como respuesta a la publicación de EXPRESO, comentó que los indicios de responsabilidad penal “Son meros supuestos que no constituyen certezas y peor aún, las condenas de cualquier infracción mientras no se investiguen y, si se encuentra la responsabilidad, se sancionen ”.

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El comunicado también sale en defensa de la presidenta Llori, recordando su pasado como política perseguida durante la época del Correísmo y “demostró su inocencia en todas las acusaciones… como con absoluta certeza sucederá esta vez ”, refiriéndose a los procesos sobre ella.

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