Ricardo Vasconcellos Rosado: La institucionalidad del deporte en Ecuador está en ruinas | Columnistas | Deportes

La victoria de Richard Carapaz en el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos y sus posteriores declaraciones explosivas, sobre el nulo apoyo de las entidades gubernamentales y los órganos rectores del deporte, provocaron un terremoto cuyas réplicas no cesan. A esto se han sumado opiniones de algunos dirigentes y deportistas que integran la delegación nacional, algunos de ellos con gran impacto. Hasta el día de hoy se ha practicado tiro al blanco dialéctico contra el Comité Olímpico Ecuatoriano y los líderes de varias federaciones ecuatorianas. La ministra de Deportes también ha despedido al anunciar que, una vez finalizados los Juegos, se realizará una auditoría del dinero entregado para la preparación de nuestros deportistas y la integración de la delegación de 101 personas, 48 ​​de ellos deportistas.

Luego de las luchas desatadas en los medios y en las redes sociales, hay algo que está claro y que puedo decir con franqueza. Lo que está flotando en el aire es el proceso electoral del COE el próximo mes de diciembre. Los actuales directivos ya piensan en la continuidad con un candidato de sus filas, y por otro lado, saltan aspirantes, uno de ellos con un paso deplorable en el deporte, cuya gestión debe controlarse con integridad, si el Ministro de Deportes quiere. igualar sus palabras en auge con la acción, algo que no suele ser común entre los burócratas. Desde las filas de ese aspirante, todos los ataques están diseñados.

El COE ha salido a defenderse, pero se ha mostrado tibio. A estas alturas, los lugares comunes (“la ropa sucia se debe lavar en casa”) y el sarcasmo ininteligible (“¿estamos en Australia o Nueva Zelanda? Estamos en Ecuador”) no sirven en este momento. Solo los argumentos inteligentes son válidos para limpiar una imagen deteriorada por las luchas en un COE que tiene un pecado original: sus líderes son el resultado de la intervención política de la Revolución Ciudadana, que dictó una ley a su medida y encontró a alguien que no tenía. avergonzado de actuar como verdugo para intervenir 42 federaciones nacionales que fueron demolidas por el autoritarismo y el abuso.

La institucionalidad del deporte ecuatoriano está en ruinas. Ese es el origen de todo. Así la abandonaron Rafael Correa y sus aulas, mientras Lenín Moreno continuaba la faena. Han sido once años desastrosos gracias a una ley aprobada el 29 de julio de 2010 que contiene una perversa subversión de los intereses deportivos del país. La política partidaria tomó por asalto a todas las entidades deportivas, los voluntarios fueron desplazados por funcionarios públicos, los líderes honorarios fueron reemplazados por fichas del partido de Gobierno que comenzó a cobrar generosos sueldos por lo que antes otros hacían por amor al deporte. Las federaciones provinciales fueron cooptadas por personas con cédula verde que no entendían lo que estaban haciendo allí, o llegaron fuera de la figuración y con ganas de dinero fácil. Los ejemplos abundan y son bien conocidos. En una asamblea de siete miembros elegidos por la junta, cinco eran funcionarios públicos o adictos al gobierno (¿recuerdan el caso de las Fedeguayas?).

La ley de 2010 que aún rige, hecha para apoderarse de entidades deportivas, tiene capítulos oscuros que no pueden sobrevivir. Se creó el llamado Ministerio Sectorial (de Deportes) y por él pasaron siete ministros. El debut fue con el desafortunado episodio de “Comecheques”. Luego vino el ministro verdugo que intervino en las federaciones, y los demás fueron burócratas afortunados. Lenín Moreno rebajó la función convirtiéndola en Secretaría Nacional de Deportes con la excusa de “reducir el tamaño del Estado”, un argumento curioso, ya que el número de empleados era el mismo y los salarios iguales. Lo que no cambió fue el sistema de recompensar las adhesiones y castigar a los rebeldes. ¿Quieres un ejemplo? La Federación Deportiva del Azuay tuvo que realizar sorteos para pagar a su personal, porque durante varios meses la Secretaría Nacional de Deportes no le envió las asignaciones para sancionar a su presidente. ¿La razón? La Secretaría de Deportes de la era morenista fatal, mediante Acuerdo No. 0499, de 12 de noviembre de 2020, entregó a la Senescyt, a perpetuidad, el Centro Activo No. 4 de Cuenca para la construcción del Instituto Tecnológico Azuay. Los Azuayos se vieron privados de una arena deportiva que contaba con canchas para varios deportes, una piscina y gimnasios que sirvieron para hacer avanzar el deporte en una provincia que había producido el primer campeón olímpico de la historia.

El presidente de la Federación, Edwin Loyola, protestó airadamente, pero el Gobierno lo ignoró. La Secretaría de Deportes decidió incrementar la sanción para el deporte azuayo: bloqueó traspasos, dañando a deportistas, entrenadores y personal administrativo. Quizás el “Gobierno del encuentro” decida devolver a su legítimo dueño el escenario del que fue despojado por venganza y odio.

El clamor del país deportivo por la derogación de la ley actual debe resonar con fuerza en el gobierno nacional y en la Asamblea. Ya hubo un intento entre los asambleístas anteriores, pero fracasó porque el proyecto se desarrolló a espaldas de líderes y deportistas, y en su elaboración participaron asesores sin conocimiento de la realidad de esta actividad o comprometidos con el pasado correista. Así lo sabe el ministro Sebastián Palacios, quien fue miembro de la Comisión y decidió bloquear el proyecto porque no correspondía a los intereses genuinos del deporte ecuatoriano.

La nueva ley debe contener principios de respeto del voluntarismo por encima de la burocracia; la nefasta explotación de la política partidista en el deporte debe ser cortada de raíz; Debe dotar a esta actividad de los recursos necesarios para su desarrollo sin el principio de “recompensa-castigo” que imperaba en los últimos años: dinero para los serviles, apegarse a los no sumisos; Debe erradicar el pernicioso centralismo que obliga al uso del denominado Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública, que coloca todos los recursos en el Ministerio (antes en la Secretaría) que los entrega con el sistema “simpatía-antipatía” en un acto dictatorial.

La nueva ley debe articular el Sistema Nacional de Deportes con un Ministerio que controle, supervise y supervise dentro de las normas de respeto a la autonomía de las entidades deportivas. Debe reestructurar el Plan de Alto Rendimiento para que la incorporación de los deportistas no sea fruto de la adhesión de los dirigentes a la figura autocrática y arrogante del ministro (ayer de la secretaria); Se debe eliminar el principio que establece que el presidente del COE sea elegido de la lista de presidentes de las federaciones ecuatorianas, casi todos cuestionados, salvo unos pocos. ¿Fueron Agustín Arroyo, Voltaire Paladines o Sabino Hernández presidentes de alguna federación? No sé si fue Danilo Carrera, el presidente al que Correa obligó a renunciar, pero fue elegido por los méritos de su carrera como líder.

Hay mucho hilo en el carrete y una columna no es suficiente para delinear los principios rectores de la nueva ley deportiva. El Ejecutivo puede proponer un proyecto; la Comisión de la Asamblea puede hacer lo mismo. Eso sí, que trabajen los expertos y que la ley del deporte surja antes de las elecciones del COE en diciembre. Hay alguien agachado disparando para que eso no suceda. (O)