Las instituciones estatales deben apuntar a la racionalización de recursos, a fin de reducir gastos, y una lucha frontal contra la corrupción que incluya sanciones ejemplares para los responsables de las irregularidades.

Esta debe ser una de las medidas para enfrentar la crisis económica que no solo afecta al Estado sino también a la población.

El Gobierno ha anunciado impuestos para compensar la demanda de recursos para compensar los altos costos que demanda la pandemia de coronavirus; pero no habla de acciones propias para evitar que la ciudadanía tenga que atender las necesidades de un Estado sobrecargado y moderadamente eficiente.

Y esto no debe suceder solo en el Ejecutivo, sino en todo el aparato estatal, ya que muchas instituciones han servido para cubrir vacantes a conveniencia de los funcionarios de turno.

“Una crisis como esta exige una alta cuota de restricciones estatales”.

Los órganos de control deberían ser más proactivos y reaccionar ante cualquier indicio de irregularidades en la gestión pública.
Los legisladores, que tienen la supervisión como una de sus funciones, también están llamados a exigir explicaciones.

Las cargas no solo pueden apoyarse en el lado de los contribuyentes. Una crisis como esta exige una alta cuota de restricciones por parte del Estado.

Editorial de El Diario publicado este lunes 20 de septiembre de 2021 en nuestra edición impresa.