Crisis de institucionalismo y transparencia

Ecuador sufre una crisis institucional, con alta inseguridad jurídica, que deja a la población sin la debida protección de sus derechos. El desenfreno de aparecer, apoderarse del poder o enriquecerse con dinero público de funcionarios públicos y / o ciudadanos, antepone visiones o conveniencias personales o grupales, y les hace olvidar la situación vivida por los más de diecisiete millones de habitantes.

Si cada función del Estado cumpliera lealmente sus facultades y responsabilidades, si no se emitieran leyes sin suficiente respaldo y racionalidad, no habría funcionarios que las interpreten o regulen. Nos recuerda la tesis napoleónica: “donde hay muchas leyes, nadie está exento de ser condenado”.

El problema no es solo institucional o político, ni se reduce a lo económico, tiene varias aristas. Tiene su origen en la falta de transparencia, actitudes o comportamientos que están en desacuerdo con la buena reputación y el buen sentido. Es alentador que el presidente Lasso pida la colaboración de la ONU para combatir la corrupción, que se castigue a los ladrones o derrochadores de fondos públicos, que se recupere lo robado -que se estima en un monto similar a la deuda pública-. Se espera que la justicia actúe con jueces (con excepciones) que juzgan según su opinión o por influencias políticas o monetarias; órganos de control, como la Contraloría, que emite resoluciones que desconocen si responden a una auditoría del buen uso de los recursos públicos oa presiones políticas o sobornos.

A esta realidad se suma la limitación del ciudadano para elegir, subordinada a los intereses de los dueños de los movimientos políticos que tienen el monopolio de nominar candidatos. Es por eso que legisladores, municipios, sin representación, muchos extraños son elegidos; el país los conoce después de elegirlos. Afortunadamente, los medios de comunicación se han convertido en defensores de la democracia, evitando que la corrupción, la demagogia y las mentiras confundan aún más a los ciudadanos.

Se espera que el gobierno del “encuentro” encuentre gobernabilidad y construya un país más estable, más seguro, con menos pobreza y mayor bienestar compartido.

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