94% de las compras en la emergencia sanitaria tuvieron inconsistencias

Falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Esa fue la principal conclusión a la que llegaron los Contraloría luego de preparar 269 informes de exámenes especiales, derivado de auditorías a la emergencia sanitaria por COVID-19.

103 de estos informes aparecen en el Informe de control público, una nueva herramienta digital, donde se encuentran los resultados de auditorías o acciones de control a organismos reguladores, hospitales de la red pública, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, y más.

“Solo el seis por ciento de las auditorías utilizadas en el análisis no reportaron noticias”, indicó la Contraloría en un comunicado de prensa difundido este miércoles 22 23 2021.

En el 94% restante, los equipos de auditoría encontraron infracciones legales en la administración de los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, como declaraciones de emergencia, contratos, informes parciales de ejecución, facturas y órdenes de compra en el Portal del Sistema Nacional de Contrataciones.

Por lo tanto Se impidió el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Otra deficiencia recurrente fue falta de criterios para determinar presupuestos referenciales. Instituciones no realizaron estudios de mercado, tampoco buscaron procesos previos de los mismos bienes o servicios para adquirir mascarillas, termómetros, gel antiséptico, batas, trajes de bioseguridad, servicios de limpieza, etc.

“Estas irregularidades dieron como resultado que las instituciones públicas pagaran precios más altos por bienes y servicios, en relación a valores de mercado o frente a pagos realizados por otras entidades del Estado (o por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación previos”, dice la Contraloría.

También se identificó que los contratistas incurrieron en discapacidades. No tenían los permisos para distribuir o fabricar suministros y dispositivos médicos para protegerse contra el virus. En otros casos, no estaban inscritos en el Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ni estaban inscritos en el Registro Único de Proveedores (RUP).

Se realizaron contratos con empresas cuya actividad económica no se ajustaba a los objetos contractuales o que no cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y términos de referencia, por lo que sus ofertas tuvieron que ser descalificadas.

El Informe de control público recopila más anomalías. Este documento es parte de las estrategias implementadas por la Contraloría para lograr el fortalecimiento de la transparencia. Más lejos, fue presentado al Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Revisión del Acuerdo Ampliado de Servicios (SAF).

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